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Domingo, 06 Julio 2014 19:29

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           Intervención de las comunicaciones y escuchas telefónicas (II). Especial referencia a los centros penitenciarios
           El derecho a la intimidad de los recluidos en un centro penitenciario se ve mermado por la entrada en aquél. Sin embargo, corresponde a la Administración penitenciaria y, muy especialmente, a los órganos jurisdiccionales encargados de velar por la correcta ejecución de las penas (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria).....

 

......la misión de impedir que “justicia se detenga en la puerta de las prisiones” (Sentencia del TEDH, caso Campell y Fell v. Reino Unido de 28 de junio de 1984, que nuestro Alto Tribunal reprodujo por primera vez en la STC 2/1987, de 21 de enero). De ello se deduce que determinadas medidas acordadas en sede judicial, como ordenar la grabación sonora de un encuentro vis a vis de una reclusa, pueden ser calificadas de degradantes al conculcar derechos fundamentales de los internos, que siguen siendo sujetos de derechos
 

            La averiguación patrimonial del ejecutado, el artículo 95 de la Ley General Tributaria y la cesión de datos a los tribunales
            Ni desde el punto de vista de la protección de datos, ni desde ámbito tributario existe problema alguno en la cesión al Juzgado de datos sobre los bienes y derechos del ejecutado, ni si quiera cuando se trata de datos de terceros no intervinientes en el proceso, por lo que no puede entenderse el recelo, que en muchas ocasiones, muestra la AEAT a dicha cesión, cuya solicitud viene amparada por una resolución judicial, que previamente habrá ponderado todas las circunstancias concurrentes para adoptar la solicitud.

Visto 1629 veces Modificado por última vez en Domingo, 06 Julio 2014 19:40
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