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Lunes, 06 Enero 2014 12:18

EL CAMPO, POR ENCIMA DE CRISIS Y DE GOBIERNOS.

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           Hay una realidad tozuda. El sector agrario tiene un carácter estratégico en lo económico como base de la alimentación, del consumo de los hogares, en su conjunto supone más del 12 por ciento del PIB nacional y es preciso recordar que, tras el turismo, el sector agroalimentario es el único con superávit en la balanza comercial española. También representa una baza fundamental en el ámbito social porque es el motor de desarrollo del medio rural, que agrupa al 90 por ciento del territorio nacional, en el que se asienta más del 25 por ciento de la población. Su aportación turística y cultural es ineludible. Además, su implicación en el desarrollo medioambiental es prioritaria.

 

             Tal vez la primera medida, que supondría un tanto para la maltrecha moral del sector, sería la recuperación del Ministerio de Agricultura, que el presidente del Gobierno impulse al frente de la política agraria a alguien implicado directamente, trabajador y conocedor del sector, que tome decisiones inmediatas, que no necesite un tiempo que no tenemos para aterrizar y conocer lo que tiene entre manos.

            Se debe clarificar la postura nacional ante la reforma de la PAC y poner en marcha los mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales y cooperativas del sector para defender los intereses de la agricultura española y lograr una reforma en profundidad de la propuesta actual de la Comisión Europea.

           

            Es fundamental que el nuevo Gobierno dejara clara su intención de dar prioridad en el cobro de las ayudas públicas siempre al agricultor “activo”, al que se dedica a la actividad agraria de forma directa, a tiempo completo o parcial.

            Por otro lado, es preciso elaborar una nueva normativa que regule los mecanismos de fijación de precios en la cadena alimentaria, que garantice la libre competencia entre los agentes implicados, que acabe con prácticas comerciales abusivas, garantice la calidad de los productos y permita a los consumidores la libertad de elección a unos precios justos asequibles.

 
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