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Lunes, 23 Septiembre 2013 21:40

Fundamentos de derecho demanda por contaminación medio ambiental y menoscabo de la propiedad.

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         Se trata de publicar los fundamentos de derecho de una demanda respecto de una inmisión y perturbación jurídica y continuada medioambiental que menoscaba el derecho subjetivo de propiedad en perjuicio de un vecino y enriquecimiento exclusivo del otro.

 

Fundamentos

 

A)      De orden Sustantivo :

 

   Abuso del derecho, las relaciones de vecindad, la  acción resarcitoria derivada de la responsabilidad civil extracontractual por actividad peligrosa. La tutela de los Derechos fundamentales.  Aplicación analógica y la jurisprudencia constante del TS desarrollada a partir de los  Derechos civiles forales y especiales, como la Ley del Fuero Nuevo de Navarra y la Ley de Cataluña de la Acción Negatoria, Inmisiones, Servidumbres y Relaciones de Vecindad.

 

       La inmisión se trata de una injerencia material o perturbación jurídica como consecuencia de una actividad u omisión desarrollada en nuestro ámbito de actuación, pero que afecta negativamente el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de una finca vecina.

 

           Tanto las perturbaciones jurídicas como las inmisiones se  conciben en el marco de relaciones de vecindad. La vecindad o proximidad no ha de ser ya mera y exclusivamente topográfica y próxima, sino que se determina en función de la influencia que despliega toda actividad.

           Es un concepto relativo que depende más que de la contigüidad de las fincas, de su ubicación en el área de influencia de los usos o actividades que en ellas se desarrollan.

 

            La inmisión debe tener cierta continuidad o permanencia en el tiempo.

 

           El Derecho se ve  en la necesidad de fijar, más allá o por encima de los límites físicos de las fincas, los jurídicos de goce que a sus titulares le es posible obtener, a fin de posibilitar el disfrute o aprovechamiento de los bienes sin que la proyección exterior de sus efectos impida a sus vecino el disfrute o aprovechamiento en igual medida de los suyos, ni les imponga más incomodidades ni molestias ni pérdida de facultades que  integran la propiedad que las tolerables en el contexto de una equilibrada relación vecinal. La definición de estos límites jurídicos en el goce de la propiedad inmobiliaria por razón de vecindad no pertenece al Derecho público sino al privado y, más particular, al civil.

 

            No resulta admisible la teoría de la prioridad de uso para solucionar los conflictos de vecindad, en el sentido de que las inmisiones preexistentes deben ser siempre  toleradas por quienes con posterioridad se establezcan en la zona afectada por esas perturbaciones.

 

            Por actividad peligrosa se ha de entender que son todas aquellas que el hombre realiza mediante el empleo de cosas o energía susceptible de causar daño a terceros, y entre ellas está sin  duda la producción, distribución y almacenamiento de gases metano y propano.

 

            Doctrina de las Presunciones. Las presunciones se aplican sobre todo a los hechos jurídicos, y convierten en derecho lo que no es más que una suposición fundada en lo que generalmente ocurre. El fundamento  lógico de las presunciones reside en que la dificultad de la prueba podría hacer perder muchas veces un derecho. Antes de que un medio probatorio, consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, valiéndose de las reglas de la experiencia, es decir de conocimientos comunes, a través del examen de circunstancias o hechos conocidos, llamados indicios, porque en algunas ocasiones es imposible la prueba directa de los hechos, o del nexo causal, situación en que el juzgador se ve obligado a recurrir a datos ciertos que debidamente probados, lo inducen a extraer consecuencias jurídicas: de esta manera es difícil acreditar que los terrenos del polígono 2 son calificados de urbanos de uso industrial para constituir el cinturón de seguridad del entorno del perímetro de la Refinería por la actividad que allí se desarrolla pero sin que le pueda exigir a esta parte la prueba diabólica bastando los hechos y circunstancias concurrentes que aquí se relatan.

 

I. Código Civil.:

 

_ Art. 7 :Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencia de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias  en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio  de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción  de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

 

_Art. 348: La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

 

_Art. 590: Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por vapor, o fábricas que por si mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo necesarios, con sujeción, en el modo,  a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.

A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, a  fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos.

 

_Art. 1902: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, esta obligado a reparar el daño causado. Art. 1903 y 1.908 del Código Civil.

 

 Las parcelas propiedad de D. en las que se encuentra su explotación  de la que es titular  NO se pueden legalizar,  por no concederse licencia de obras ni de actividad, respecto de las instalaciones que son precisas para acomodo,  bienestar animal,  óptima rentabilidad de la misma,  y por resultar  necesarias para acceder a ayudas y subvenciones que concede la Política Agraria Comunitaria a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería  a y   especialmente  ante los nuevo retos y objetivos de la  PAC   que exigirán una gestión óptima y sostenible de todos los recursos naturales disponibles.

 

 Todo ello porque el polígono en que se ubica se considera una zona insegura  o amenazada de grave riesgo tecnológico, catástrofe o calamidad y a fin de evitar o controlar los daños sobre los bienes y patrimonio de interés general se constituyó un cinturón de seguridad entre este polígono, por ser limítrofe y vecino a la actividad que allí desarrolla  allí la multinacional , en terrenos que han tenido en la realidad desde siempre y hasta la fecha uso y aprovechamiento exclusivamente agrícola y ganadero pero que a la vista de todos los  indicios relatados han sido calificados contradictoria e ilícitamente por el temor y la prevención de la autoridad local como ``suelo urbano no consolidado de uso industrial en el que no se puede conceder licencias´´, todo ello en beneficio exclusivo e injusto de  PDVSA y perjuicio particular reiterado en el tiempo amenazando seriamente la viabilidad de la explotación ganadera y propiedad de  mi mandante, limitando el contenido esencial de su derecho subjetivo de propiedad,  razón por la que se apeló a la reputación y responsabilidad social corporativa de la multinacional., a fin de que los aminorara, compensara e indemnizara en equitativa distribución con las cargas, derechos y obligaciones que hasta ahora ha conllevado la relación de vecinos que les vincula y que es la causante de que  la administración local no haya hecho un uso adecuado de sus competencias al no basarse en criterios técnicos que avalen su decisión de calificación urbanística urbana en función del emplazamiento y características esenciales del terreno y si con la finalidad de beneficiar exclusivamente a un tercero (la multinacional) modificando y desnaturalizando el contenido  constitucional del derecho de propiedad dando lugar a indemnización en tanto en cuanto se le  han impuesto limitaciones adicionales a las que conlleva el ordenamiento jurídico urbanístico, por cuanto lo hacen impracticable, con dificultades de ejercicio poco razonables y despojado de protección. 

 

II. Constitución Española.

_ Artículo 33. Se reconoce el derecho  a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

 

B)      De orden jurisprudencial :

 

_ STS 23.06.1995, 16.05.1991: La acción negatoria se alza en defensa del derecho de propiedad de una persona. Este derecho se presume, salvo prueba en contrario, libre.

 

 

_ STS de 16 de enero de 1989: ``debe evitarse el equívoco de creer que porque a la Administración corresponda ordenar y controlar la adopción de medidas protectoras, se trata en todos sus aspectos de materia propia del Derecho Administrativo, independientemente, que cuando afecta a derechos subjetivos privados pierde aquel carácter para entrar de plano en el campo propio del Derecho Civil.´´

 

_ STS de 29 de abril de 2003: ``La autorización administrativa de una industria no es de suyo bastante para entender  que fue otorgada ponderando un justo y equitativo equilibrio entre el interés general y los derechos de los afectados.´´

 

_SAP Palencia 26.10.1993. ´``No es necesario que exista infracción de la normativa administrativa, basta con que se causen molestias y se  afecte a las relaciones de buena vecindad.´´

 

_ STS, 3ª, 5.3.2002. `` Daños por la disminución de la superficie de las parcelas y su menor valor comercial …´´

 

_ STS, 1ª 28.1.2004: una serie de propietarios de fincas y de cabezas de ganado ejercitaron produjo una intensa contaminación civil en protección del medio ambiente frente a una empresa que produjo una contaminación intensa por fluorosis, solicitando el cese en la emisión de productos contaminantes, la paralización de la actividad emisora o incluso la industrial, una indemnización por daño moral y por la perturbación y por el demérito de las propiedades y en la cabaña ganadera. El TS evidencia que el respeto a los intereses a los límites administrativos  no exime de responsabilidad, pues aunque cuantitativamente los humos y gases expelidos por la fábrica hubieran respetado los niveles de contaminación reglamentariamente establecidos, cualitativamente fueron nocivos y causaron  daños a terceras personas totalmente ajenas a las explotación industrial, lo que evidencia que aquellas medidas fueron insuficientes para evitar los daños a terceros. Asimismo, el TS establece que, ante daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la acción (dies a quo) no se inicia hasta la producción  del resultado definitivo, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida, como sucede en este caso, donde los daños en las diferentes fincas se produjeron sucesiva e ininterrumpidamente hasta la interposición de la demanda.´´

 

_ STS, de 31 de mayo de 2007.  `` Responsabilidad civil por inmisiones. Daño medioambiental. Contaminación visual o estética. Protección jurídica del paisaje. Inmisiones negativas. Ruidos. Daño moral.  Doctrina de la prioridad del uso de la finca o preocupación.  La responsabilidad fundada en el art. 1908 del Código Civil tiene carácter objetivo y la autorización administrativa no exime de la obligación de indemnizar, porque autorizar una actividad no equivale necesariamente a imponer a los vecinos el deber jurídico de soportar todo perjuicio, por grave que sea, que tal actividad produzca.

 

_ El Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de abril de 1866 y 12 de mayo de 1891 rechazaron , en el ámbito de Derecho Civil, el principio o teoría denominada ``pre-ocupación´´ en virtud, de la cual negaba la indemnización por actividad contaminante a quien se estableciera en el lugar después de haberse iniciado la actividad.

 

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